Certificado COVID para acceder a establecimientos

Certificado COVID para acceder a establecimientos

El ya famoso y por todos conocido, Certificado COVID Digital UE, cuya función primordial radica en facilitar la circulación” libre y segura” de la ciudadanía dentro de la Unión Europea durante la pandemia de Covid-19, se encuentra en el punto de mira por el Órgano de control, puesto que recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con motivo del aumento de iniciativas públicas que generalizan el uso del certificado de vacunación para acceder a diversos establecimientos, ha tomado la decisión de presentar varios requerimientos de información, dirigidos a Conserjerías de Sanidad de distintas comunidades autónomas, en concreto en este caso, han sido la de Canarias y la de Galicia, las consultadas, con la finalidad de comprobar y sopesar la licitud del tratamiento de datos personales derivado de estas actuaciones.

Además, se confirma también la preocupación existente entre las autoridades europeas de protección de datos, por el uso del certificado dentro de los Estados para fines como:

• Acceso a tiendas
• Acceso a bares y restaurantes
• Acceso a gimnasios
• Utilización en el ámbito laboral/empresarial

Y toda esta preocupación, viene por la importancia de la concienciación que se ha de tener, en cuanto a que la vacunación no es obligatoria, y además, existen colectivos que no pueden recibir la vacuna por razones médicas, entre otras, y que, en cualquier caso, el proceso de vacunación se está llevando a cabo por medio de criterios que priorizan por grupos de personas y características concretas, lo cual supone que parte de la población todavía no haya accedido a la vacunación. Siendo el fin último de toda esta labor de control llevada a cabo por la AEPD y las Autoridades europeas, evitar la discriminación entre personas, sea el motivo que sea, por el que no se haya vacunado una persona.

En consecuencia pues, se está advirtiendo, que la utilización de certificados con la finalidad de acreditar el estado o situación sanitaria sobre la vacunación como prevención contra la COVID-19, supone la necesidad de contar con una base legal sostenible y sostenida en los Principios de:

• Eficacia
• Necesidad
• Proporcionalidad

Atendiendo por tanto al necesario análisis a realizar, sobre la existencia de otras medidas de protección que puedan ser consideradas como menos invasivas, evitando con ello, en la medida de los posible, efectos discriminatorios y estableciendo garantías adecuadas.

Y así mismo, dejaba claro el propio Ministerio de Sanidad, que el certificado de vacunación o Covid-19 no se ha creado con la finalidad de controlar el acceso a locales y negocios.

Finalmente concluyendo, parece ser que cobra bastante peso la idea de que el uso del certificado con fines de limitar o facilitar el acceso a bares, tiendas, entre otros establecimientos, será considerado finalmente como un acto ilegal, por atentar contra el derecho de protección de datos de los ciudadanos. Puesto que se trata de datos altamente vulnerables, siendo que los datos de salud y datos médicos son datos de Categoría Especial, que siempre requieren de mayor protección frente a terceros.

Recordándonos por último además las fuentes de esta noticia, que las Comunidades Autónomas no tienen potestad legal ni competencia, para obligar a que autónomos y negocios soliciten dicho certificado a los clientes para dejarles pasar.

La importancia de proteger los datos de “categoría especial”

Con esta noticia, una vez más, recordamos la importancia de proteger los datos personales, y en concreto los datos de Categoría Especial.  En cuyo tratamiento, las medidas a aplicar para su protección han de ser muchos más restrictivas, pues se debe evitar que los datos obtenidos, sean utilizados para una finalidad distinta para la cual se proporcionó, evitando con ello la afectación sobre otros derechos y libertades. Pues se podría estar utilizando de forma incorrecta cierta información de salud, lo que podría ocasionar discriminaciones laborales y sociales, generando todo ello, inseguridad jurídica y controversias a resolver antes los jueces y tribunales competentes en dicha materia.

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